Carta conjunta de la CES, la CSA, la CSI y el CGS al Parlamento Europeo

FOTO KAREL DE GUCHT - 31 MAYOEl pasado 29 de febrero se realizo en la Comisión de Comercio Internacional un primer intercambio en Audiencia Público sobre el Tratado Comercial negociado por la UE con Colombia y Perú como antesala al proceso de ratificación.

Previamente las Confederaciones Sindicales mencionadas enviaron una carta a los Eurodiputados solicitando la NO ratificación del Acuerdo. 

Señores miembros del Parlamento Europeo:

En representación de la Confederación Europea de Sindicatos-CES (ETUC), de la Confederación Sindical de las Américas- CSA (TUCA), de la Confederación Sindical Internacional-CSI (ITUC), del Concejo Global de Sindicatos (CGU), nos dirigimos a Uds. para compartir nuestra preocupación por el proyecto de Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Colombia y Perú.

Como resultado de la permanente violencia en Colombia y la violación de los derechos humanos y laborales, así como del debilitamiento de la Comunidad Andina a causa de acuerdos independientes de comercio con la Unión Europea en lugar de unas relaciones de conjunto con el bloque de naciones, la Confederación Europea del Trabajo y la Confederación Sindical de las Américas hacen un llamado a los legisladores a oponerse al TLC de la Unión Europea con Colombia y Perú. Nos reafirmamos en nuestra declaración conjunta de 2011 que hacía un llamado a votar en contra del Tratado por estas razones.

La realidad cruda

A pesar de un saludable cambio en la retórica del gobierno de Santos y de la negociación de un Plan de Acción Laboral entre Estados Unidos y Colombia, acordado en abril de 2011, la realidad concreta para los trabajadores colombianos sigue siendo del todo inaceptable. Continúan los asesinatos de dirigentes y activistas sindicales, las amenazas, la intimidación, y los crímenes en total impunidad.

En Colombia sigue existiendo una exclusión sistemática de los trabajadores y de los sindicatos debido a sobrecogedores niveles de violencia, elevados niveles de impunidad para los responsables de estos crímenes, al mismo tiempo que las leyes y la política laboral deliberadamente continúa socavando el libre ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo, incluyendo el de libre asociación. Como resultado, menos del 5% de los trabajadores colombianos están sindicalizados y menos del 2% se encuentran cobijados por una convención colectiva de trabajo.

La violencia antisindical se mantiene en niveles alarmantes. En 2011 fueron asesinados por lo menos 29 dirigentes sindicales y activistas. En muchos casos los responsables fueron paramilitares “desmovilizados” que se han reorganizado en nuevas organizaciones criminales encargadas de continuar su sangriento legado. Diez más fueron objeto de atentados fracasados contra sus vidas. Por lo menos tres sindicalistas han sido asesinados solamente hasta enero de 2012. Así el total de asesinatos desde que se llevan estadísticas en 1986 asciende a más de 2.900. Cada año, cientos de sindicalistas reciben también amenazas directas de muerte, en 2011 fueron 342, las cuales frecuentemente producen el efecto de congelar el derecho de asociación cuando los sindicalistas se enteran de que estas amenazas casi siempre se cumplen. Los esquemas de protección disponibles para los sindicalistas son deficientes.

El 17 de enero de 2012 dos asesinos a sueldo entraron a la casa de Mauricio Redondo, líder sindical de la Unión sindical Obrera (USO). Dispararon múltiples tiros contra Redondo y su compañera, Janeth Ordóñez, en un asesinato a sangre fría, hecho que dejó huérfanos a cinco niños. Los dos, Redondo y Ordóñez, eran activistas en la localidad a favor de los obreros. Siguió la tortura y muerte a golpes del sindicalista Víctor Manuel Hilarión Palacios el 9 de enero, asesinado por el ejército cuando se dirigía al trabajo en Río Nevada.

Según el informe de Human Rights Watch, la tasa de impunidad en estos asesinatos llega al 90 por ciento. Pero es más alta cuando se consideran las numerosas fallas en las sentencias que se han llevado a cabo y el hecho de que numerosas sentencias no concluyen en detención carcelaria. En 2011 el informe de la Misión de Alto Nivel sobre Colombia confirmó que “la impunidad ha prevalecido en Colombia por un largo período de tiempo y ha causado un inmenso daño al país y sufrimiento a su pueblo” y que “la gran mayoría de los casos de homicidio han quedado sin resolver”. Las recientes promesas gubernamentales de mejorar tanto la cantidad como la calidad de las investigaciones y procesos que en efecto reduzcan el nivel de impunidad quedan a la espera de que verdaderamente se cumplan.

Finalmente, las leyes laborales del país y el fallo en aplicarlas efectivamente, constituyen una barrera enorme para el ejercicio de la libertad de asociación y la práctica del derecho de negociación colectiva. La Misión de Alto Nivel ha publicado en numerosas ocasiones observaciones detalladas del fallo de las leyes que se han quedado cortas en la aplicación de las Convenciones del 87 y 98—ratificadas por Colombia. Entre las prácticas más destructivas está la de conformación permanente de cooperativas de trabajo asociado, así como la existencia y aparición de otras formas de empleo disfrazado que despojan a los trabajadores de sus derechos fundamentales. Aunque el Gobierno ha expedido recientemente normas y regulaciones que buscan sancionar el uso ilegal de cooperativas, el fallo en prohibir de manera efectiva otras formas de empleo indirecto le ha permitido a los empleadores ingeniarse nuevos tipos de empleo que tienen el mismo impacto desfavorable para los trabajadores.

El capítulo de Desarrollo Sostenible es inadecuado para garantizar los derechos

La CET, la CSA, la CSI y el CGS consideran que el Tratado y el capítulo de Desarrollo Sostenible no proporcionan las bases sólidas requeridas para asegurar el respeto de los derechos humanos y sindicales. En particular el Tratado falla en especificar medidas que contribuyan a mejorar el cumplimiento de los derechos humanos o a estipular acciones requeridas en casos de complicidad o tolerancia de las violaciones a los derechos humanos. Las medidas del capítulo de Desarrollo Sostenible no se consideran exigibles en forma efectiva, porque ese capítulo no está sujeto al mismo procedimiento de los puntos en discusión que el resto del Tratado de Libre Comercio, sino que queda para meras consultas. Además, no queda claro si las medidas de derechos humanos serían exigibles si el Tratado entra en ejecución en forma provisional.

De conformidad con el documento “Valoración sobre el impacto de sostenibilidad” preparado a petición de la Comisión Europea, el acuerdo no contribuiría a un crecimiento y desarrollo fuerte y sostenible ni en la Unión Europea ni en Colombia. Por el contrario, este documento concluye que la expansión del comercio resultante del Tratado agravaría los conflictos internos en Colombia y pondría una inmensa presión sobre sus recursos.

Consideramos que un voto en favor del Tratado entre la Unión Europea y Colombia haría caso omiso del terrible record sobre derechos humanos en Colombia y perjudicaría la reputación de la Unión Europea como una fuerza líder en la promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. En verdad, constituiría un apoyo a las espantosas violaciones del derecho al trabajo en el país más peligroso del mundo para los sindicalistas y debilitaría la presión sobre el gobierno colombiano para que cumpla sus obligaciones de derechos humanos. Por tanto, solicitamos a los miembros del Parlamento Europeo que no apoyen el Tratado en este momento.

Agradeceríamos que pudiéramos recibir sus puntos de vista sobre este asunto y esperaríamos su respuesta. Los obreros de Colombia cuentan con su apoyo.

Atentamente,

Bernardette Segol, Secretaria General Confederación Europea de Trabajo
Sharan Burrow, Secretaria General Confederación Sindical Internacional
Víctor Báez Mosqueira, Secretario General Confederación Sindical de las Américas
Peter Waldorff, Secretario General de Servicios Públicos Dirección del Concejo Global de Sindicatos

22 de febrero de 2012